La senadora Carolina Losada (UCR) impulsa una reforma del Código Penal para elevar las sanciones en casos de denuncias falsas vinculadas a violencia de género, abuso sexual o víctimas menores. El dictamen favorable de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales habilita su tratamiento en el Senado.
Actualmente, el artículo 245 del Código Penal prevé penas de dos meses a un año de prisión o multas de $750 a $12.500. La iniciativa propone elevarlas a 3 a 6 años de cárcel en los casos más sensibles.
Losada, que insiste con este proyecto desde 2022, argumenta que la regulación vigente es insuficiente y que “la mayoría de la gente conoce algún caso en su círculo social de falsas denuncias”. Aunque reconoce que no existen estadísticas oficiales confiables, sostiene que legislar es necesario para evitar que los recursos judiciales se diluyan en causas sin sustento.
En la jornada contra falsas denuncias realizada en abril, la senadora fue categórica: “Si los recursos de la Justicia, que son escasos, van a empezar a investigar muchísimas causas, que muchas de ellas son falsas denuncias, en lugar de dar protección a las verdaderas, se está bastardeando una causa que es la de las verdaderas víctimas. Así que quienes digan que esta ley va en contra de las víctimas, les aseguro que los victimarios son ustedes”.
📊 Datos y tensiones
- Femicidios en Argentina: El Observatorio de la Defensoría del Pueblo registró 172 femicidios en 10 meses de 2025; solo el 16,6% de las víctimas había denunciado previamente.
- Provincia de Buenos Aires: En 2025 se contabilizaron 78 femicidios, de los cuales el 15,4% había realizado denuncias penales previas.
- Registro Nacional de Femicidios (Corte Suprema, 2023): Apenas el 18% de las víctimas había denunciado antes.
- Delitos sexuales: Según la Encuesta Nacional de Victimización (INDEC, 2017), solo se denuncia el 12,5% de los casos.
🔎 Análisis
El proyecto abre un debate complejo: por un lado, busca desalentar el uso abusivo de la Justicia mediante denuncias falsas que consumen tiempo, recursos y credibilidad institucional. Estas prácticas no solo afectan a los imputados injustamente, sino que también perjudican a las verdaderas víctimas, porque restan capacidad de respuesta a un sistema judicial ya saturado.
Por otro lado, los datos muestran que la subdenuncia sigue siendo la regla en casos de violencia de género y delitos sexuales. La gran mayoría de las víctimas nunca llega a denunciar, lo que plantea el riesgo de que un endurecimiento de penas pueda ser interpretado como un obstáculo adicional para quienes dudan en acudir a la Justicia.
La tensión central es clara: cómo sancionar a quienes manipulan el sistema con denuncias falsas sin desalentar a quienes necesitan protección real. El desafío legislativo será encontrar un equilibrio que preserve la confianza en la Justicia y garantice que los recursos se destinen a las causas legítimas.
